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Text File | 1997-10-29 | 133KB | 2,165 lines

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │             DISPOSICION:  Constitución Española 1.978                    │
 │                   FECHA:  27/12/78                                       │
 │                  ASUNTO:  Constitución Española 1.978 (texto)            │
 │        ORGANO DIMANANTE:  Jefatura del Estado                            │
 │       MEDIO PUBLICACION:  BOE 29/12/78. nº 311 (pág. 29315)              │
 │                   NOTAS:  Se incluye índice temático y relación leyes    │
 │                           que desarrollan preceptos constitucionales.    │
 └────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                               ┌──────┴──────┐
                               │ I N D I C E │
                               └──────┬──────┘
 ┌────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
 │                                                                  ┌───────┤
 │                                                                  │ Arts. │
 │ PREAMBULO                                                        ├───────┤
 │ TITULO PRELIMINAR................................................│  1-9  │
 │ TITULO I        : De los derechos y deberes fundamentales........│   10  │
 │    CAPITULO    I: De los españoles y los extranjeros.............│ 11-13 │
 │    CAPITULO   II: Derechos y libertades..........................│   14  │
 │       SECCION 1ª: De los derechos fundamentales y de las liberta-│       │
 │                   des públicas...................................│ 15-29 │
 │       SECCION 2ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos....│ 30-38 │
 │    CAPITULO  III: De los principios rectores de la  política  so-│       │
 │                   cial y económica...............................│ 39-52 │
 │    CAPITULO   IV: De las garantías, de las libertades y  derechos│       │
 │                   fundamentales..................................│ 53-54 │
 │    CAPITULO    V: De la suspensión de los derechos y libertades..│   55  │
 │ TITULO II       : De la Corona...................................│ 56-65 │
 │ TITULO III      : De las Cortes Generales                        │       │
 │    CAPITULO    I: De las Cámaras.................................│ 66-80 │
 │    CAPITULO   II: De la elaboración de las leyes.................│ 81-92 │
 │    CAPITULO  III: De los Tratados Internacionales................│ 93-96 │
 │ TITULO IV       : Del Gobierno y de la Administración............│ 97-107│
 │ TITULO V        : De las relaciones entre el Gobierno y las  Cor-│       │
 │                   tes Generales..................................│108-116│
 │ TITULO VI       : Del Poder Judicial.............................│117-127│
 │ TITULO VII      : Economía y Hacienda............................│128-136│
 │ TITULO VIII     : De la organización territorial del Estado      │       │
 │    CAPITULO    I: Principios Generales...........................│137-139│
 │    CAPITULO   II: De la Administracion Local.....................│140-158│
 │ TITULO IX       : Del Tribunal Constitucional....................│159-165│
 │ TITULO X        : De la reforma Constitucional...................│166-169│
 │ DISPOSICIONES ADICIONALES                                        │       │
 │ DISPOSICIONES TRANSITORIAS                                       │       │
 │ DISPOSICION DEROGATORIA                                          │       │
 │ DISPOSICION FINAL                                                │       │
 │ * LEYES QUE DESARROLLAN PRECEPTOS CONSTITUCIONALES               │       │
 │                                                                  └───────┤
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                         ┌─────────────────────────┐
                         │  CONSTITUCION ESPAÑOLA  │
                         └────────────┬────────────┘
                               ┌──────┴──────┐
                               │  T E X T O  │
                               └──────┬──────┘
 ─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────

 Don Juan Carlos I, rey de España. A todos  los  que  la  presente  vieren  y
 entendieren.
  Sabed: Que las Cortes  han  aprobado  y  el  Pueblo  Español  ratificado la
 siguiente Constitución:

  Preámbulo.
  La Nación española, deseando  establecer  la  justicia,  la  libertad  y la
 seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía,
 proclama su voluntad de:
  Garantizar la convivencia democrática dentro de la  Constitución  y  de las
 leyes conforme a un orden económico y social justo.
  Consolidar un Estado de Derecho que  asegure  el  imperio  de  la  ley como
 expresión de la voluntad popular.
  Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el  ejercicio  de los
 derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
  Promover el progreso de la cultura y de la economía para  asegurar  a todos
 una digna calidad de vida.
   Establecer  una  sociedad  democrática   avanzada,   y   Colaborar   en el
 fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz  cooperación  entre
 todos los pueblos de la Tierra.
  En consecuencia, las  Cortes  aprueban  y  el  pueblo  español  ratifica la
 siguiente

  CONSTITUCION
  TITULO PRELIMINAR
  Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado  social  y  democrático de
 Derecho, que propugna como valores superiores de su  ordenamiento  jurídico,
 la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
  2. La soberanía nacional reside en el pueblo  español  del  que  emanan los
 poderes del Estado.
  3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

  Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la  indisoluble  unidad  de la
 Nación española, patria común  e  indivisible  de  todos  los  españoles,  y
 reconoce y garantiza el derecho a  la  autonomía  de  las  nacionalidades  y
 regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

  Artículo 3. 1. El castellano es  la  lengua  española  oficial  del Estado.
 Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
  2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales  en  las respectivas
 Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
  3. La riqueza de las distintas modalidades  lingüísticas  de  España  es un
 patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

  Artículo  4.  1.  La  bandera  de  España  está  formada  por  tres franjas
 horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que
 cada una de las rojas.
  2. Los  Estatutos  podrán  reconocer  banderas  y  enseñas  propias  de las
 Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de  España  en
 sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

  Artículo 5. La capital del Estado es la villa de Madrid.

   Artículo  6.  Los  partidos  políticos  expresan  el  pluralismo político,
 concurren a la formación y  manifestación  de  la  voluntad  popular  y  son
 instrumento fundamental para la participación política.  Su  creación  y  el
 ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución  y
 a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

  Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales
 contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y  sociales
 que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad  son  libres
 dentro del respeto a la Constitución y a la ley.  Su  estructura  interna  y
 funcionamiento deberán ser democráticos.

  Artículo 8. 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra,
 la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía
 e  independencia  de  España,  defender  su  integridad  territorial  y   el
 ordenamiento constitucional.
  2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización  militar conforme
 a los principios de la presente Constitución.

  Artículo 9. 1. Los ciudadanos y los poderes  públicos  están  sujetos  a la
 Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
  2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para  que la
 libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean
 reales y efectivas; remover los  obstáculos  que  impidan  o  dificulten  su
 plenitud y facilitar la participación de todos los  ciudadanos  en  la  vida
 política, económica, cultural y social.
  3. La  Constitución  garantiza  el  principio  de  legalidad,  la jerarquía
 normativa,  la  publicidad  de  las  normas,  la  irretroactividad  de   las
 disposiciones  sancionadoras  no  favorables  o  restrictivas  de   derechos
 individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de
 la arbitrariedad de los poderes públicos.

  TITULO I.-DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES
  Artículo 10. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables  que le
 son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la  ley
 y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la  paz
 social.
  2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que
 la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración
 Universal de Derechos Humanos y  los  tratados  y  acuerdos  internacionales
 sobre las mismas materias ratificados por España.

  CAPITULO I.-De los españoles y los extranjeros.
  Artículo 11. 1. La nacionalidad española  se  adquiere,  se  conserva  y se
 pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
  2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
  3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con  los países
 iberoamericanos o con aquellos que hayan  tenido  o  tengan  una  particular
 vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no  reconozcan  a
 sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles  sin
 perder su nacionalidad de origen.

  Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

  Artículo 13.  1.  Los  extranjeros  gozarán  en  España  de  las libertades
 públicas que garantiza el presente Título en los  términos  que  establezcan
 los tratados y la ley.
  2. Solamente los españoles serán titulares de los  derechos  reconocidos en
 el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad,  pueda
 establecerse por tratado o ley para el derecho de  sufragio  activo  en  las
 elecciones municipales.
  3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado  o  de la
 ley, atendiendo  al  principio  de  reciprocidad.  Quedan  excluidos  de  la
 extradición los delitos políticos,  no considerándose como tales  los  actos
 de terrorismo.
  4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros  países y
 los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

  CAPITULO II.-Derechos y libertades.
  Artículo  14.  Los  españoles  son  iguales  ante  la  ley,  sin  que pueda
 prevalecer discriminación  alguna  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,
 religión, opinión o cualquier otra  condición  o  circunstancia  personal  o
 social.

  Sección 1.ª-De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
  Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida  y  a  la  integridad  física y
 moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas  o
 tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de  muerte,  salvo  lo
 que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

  Artículo 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa  y  de culto
 de  los  individuos  y  las  comunidades  sin   más   limitación,   en   sus
 manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento  del  orden  público
 protegido por la ley.
  2. Nadie podrá ser obligado  a  declarar  sobre  su  ideología,  religión o
 creencias.
  3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes  públicos tendrán
 en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán  las
 consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las  demás
 confesiones.

  Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a  la seguridad.
 Nadie puede ser privado de su  libertad,  sino  con  la  observancia  de  lo
 establecido en este artículo y en los casos y en la forma  previstos  en  la
 ley.
  2. La detención preventiva no  podrá  durar  más  del  tiempo estrictamente
 necesario  para  la  realización  de   las   averiguaciones   tendentes   al
 esclarecimiento de los hechos, y, en  todo  caso,  en  el  plazo  máximo  de
 setenta y dos  horas,  el  detenido  deberá  ser  puesto  en  libertad  o  a
 disposición de la autoridad judicial.
  3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata,  y  de modo
 que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de  su  detención,
 no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia  de  abogado
 al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos  que
 la ley establezca.
  4. La ley regulará un procedimiento de  «hábeas  corpus»  para  producir la
 inmediata  puesta  a  disposición  judicial   de   toda   persona   detenida
 ilegalmente. Asimismo por ley se determinará el plazo máximo de duración  de
 la prisión provisional.

  Artículo 18. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y
 familiar y a la propia imagen.
  2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá  hacerse en
 él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo  en  caso  de
 flagrante delito.
  3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones  y,  en  especial,  de las
 postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
  4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el  honor  y la
 intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de  sus
 derechos.

  Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia
 y a circular por el territorio nacional.
  Asimismo tienen derecho a  entrar  y  salir  libremente  de  España  en los
 términos que la ley establezca. Este  derecho  no  podrá  ser  limitado  por
 motivos políticos o ideológicos.

  Artículo 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos:
  a) A expresar y difundir libremente  los  pensamientos,  ideas  y opiniones
 mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
  b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
  c) A la libertad de cátedra.
  d) A comunicar o recibir libremente información veraz  por  cualquier medio
 de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula  de  conciencia  y  al
 secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
  2. El ejercicio de estos derechos  no  puede  restringirse  mediante ningún
 tipo de censura previa.
  3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios
 de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y
 garantizará el acceso a dichos medios de los  grupos  sociales  y  políticos
 significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y  de  las  diversas
 lenguas de España.
  4.  Estas  libertades  tienen  su  límite  en  el  respeto  a  los derechos
 reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen
 y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen
 y a la protección de la juventud y de la infancia.
  5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones  y otros
 medios de información en virtud de resolución judicial.

  Artículo 21. 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin  armas. El
 ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
   2.  En  los  casos  de  reuniones  en  lugares   de   tránsito   público y
 manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que  sólo  podrá
 prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público,
 con peligro para personas o bienes.

  Artículo 22. 1. Se reconoce el derecho de asociación.
  2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen  medios  tipificados como
 delito son ilegales.
  3.  Las  asociaciones  constituidas  al  amparo  de  este  artículo deberán
 inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
  4.  Las  asociaciones  sólo  podrán  ser  disueltas  o  suspendidas  en sus
 actividades en virtud de resolución judicial motivada.
  5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

  Artículo 23. 1. Los  ciudadanos  tienen  el  derecho  a  participar  en los
 asuntos públicos, directamente o por  medio  de  representantes,  libremente
 elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
  2. Asimismo, tienen derecho a acceder  en  condiciones  de  igualdad  a las
 funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

  Artículo 24. 1. Todas las  personas  tienen  derecho  a  obtener  la tutela
 efectiva de los jueces y tribunales  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  e
 intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
  2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario  predeterminado  por la
 ley, a la defensa y a la asistencia de  letrado,  a  ser  informados  de  la
 acusación formulada contra  ellos,  a  un  proceso  público  sin  dilaciones
 indebidas y con  todas  las  garantías  a  utilizar  los  medios  de  prueba
 pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no  confesarse
 culpables y a la presunción de inocencia.
  La ley regulará los casos en que, por  razón  de  parentesco  o  de secreto
 profesional, no se estará obligado a  declarar  sobre  hechos  presuntamente
 delictivos.

  Artículo 25. 1. Nadie puede  ser  condenado  o  sancionado  por  acciones u
 omisiones que en el momento de producirse no  constituyan  delito,  falta  o
 infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
  2. Las penas privativas de libertad  y  las  medidas  de  seguridad estarán
 orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no  podrán  consistir
 en  trabajos  forzados.  El  condenado  a  pena  de  prisión  que  estuviere
 cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo  a
 excepción de los que se vean expresamente limitados  por  el  contenido  del
 fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley  penitenciaria.  En  todo
 caso,  tendrá  derecho  a  un  trabajo  remunerado  y   a   los   beneficios
 correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la  cultura  y
 al desarrollo integral de su personalidad.
  3. La Administración  civil  no  podrá  imponer  sanciones  que,  directa o
 subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

  Artículo 26. Se prohíben  los  Tribunales  de  Honor  en  el  ámbito  de la
 Administración civil y de las organizaciones profesionales.

  Artículo 27. 1. Todos tienen el derecho  a  la  educación.  se  reconoce la
 libertad de enseñanza.
  2. La educación tendrá por objeto el pleno  desarrollo  de  la personalidad
 humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia  y  a  los
 derechos y libertades fundamentales.
  3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los  padres para
 que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con
 sus propias convicciones.
  4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
  5. Los poderes públicos garantizan el  derecho  de  todos  a  la educación,
 mediante  una  programación  general  de  la  enseñanza,  con  participación
 efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
  6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la  libertad  de creación
 de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
  7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el
 control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración  con
 fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
  8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán  el  sistema educativo
 para garantizar el cumplimiento de las leyes.
  9. Los poderes públicos ayudarán a  los  centros  docentes  que  reúnan los
 requisitos que la ley establezca.
  10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los  términos  que la
 ley establezca.

  Artículo 28. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La  Ley podrá
 limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o  Institutos
 armados a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar  y  regulará  las
 peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos.  La  libertad
 sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a  afiliarse  al  de  su
 elección así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y  a
 fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a  las  mismas.
 Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
  2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores  para  la defensa
 de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá
 las garantías precisas para  asegurar  el  mantenimiento  de  los  servicios
 esenciales de la comunidad.

  Artículo  29.  1.  Todos  los  españoles  tendrán  el  derecho  de petición
 individual y colectiva, por escrito, en la  forma  y  con  los  efectos  que
 determine la ley.
  2. Los miembros de las  Fuerzas  o  Institutos  armados  o  de  los Cuerpos
 sometidos  a  disciplina  militar   podrán   ejercer   este   derecho   sólo
 individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

  Sección 2.ª-De los derechos y deberes de los ciudadanos.
  Artículo 30. 1. Los españoles tienen el derecho y el  deber  de  defender a
 España.
  2. La ley fijará las obligaciones militares de  los  españoles  y regulará,
 con las debidas garantías, la objeción de conciencia,  así  como  las  demás
 causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su
 caso, una prestación social sustitutoria.
  3. Podrá establecerse un servicio civil para el  cumplimiento  de  fines de
 interés general.
  4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos
 de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

  Artículo 31. 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los  gastos públicos
 de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema  tributario  justo
 inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso,
 tendrá alcance confiscatorio.
  2. El gasto público realizará una  asignación  equitativa  de  los recursos
 públicos y su programación  y  ejecución  responderán  a  los  criterios  de
 eficiencia y economía.
  3. Sólo podrán  establecerse  prestaciones  personales  o  patrimoniales de
 carácter público con arreglo a la ley.

  Artículo 32. 1. El hombre y la mujer tienen derecho  a  contraer matrimonio
 con plena igualdad jurídica.
  2. La ley regulará las formas  de  matrimonio,  la  edad  y  capacidad para
 contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación
 y disolución y sus efectos.

  Artículo 33. 1. Se reconoce el  derecho  a  la  propiedad  privada  y  a la
 herencia.
  2. La función social de estos derechos delimitará su contenido,  de acuerdo
 con las leyes.
  3. Nadie podrá  ser  privado  de  sus  bienes  y  derechos  sino  por causa
 justificada  de   utilidad   pública   o   interés   social,   mediante   la
 correspondiente indemnización y de conformidad  con  lo  dispuesto  por  las
 leyes.

  Artículo 34. 1. Se reconoce el derecho de fundación para  fines  de interés
 general, con arreglo a la ley.
  2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2  y 4
 del artículo 22.

  Artículo 35. 1. Todos los  españoles  tienen  el  deber  de  trabajar  y el
 derecho al trabajo, a  la  libre  elección  de  profesión  u  oficio,  a  la
 promoción a  través  del  trabajo  y  a  una  remuneración  suficiente  para
 satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda
 hacerse discriminación por razón de sexo.
  2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

  Artículo  36.  La  ley  regulará  las  peculiaridades  propias  del régimen
 jurídico de los Colegios Profesionales y el  ejercicio  de  las  profesiones
 tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán
 ser democráticos.

  Artículo 37. 1. La ley garantizará el derecho  a  la  negociación colectiva
 laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como
 la fuerza vinculante de los convenios.
  2. Se reconoce el derecho  de  los  trabajadores  y  empresarios  a adoptar
 medidas de conflicto colectivo. La ley  que  regule  el  ejercicio  de  este
 derecho, sin perjuicio de las limitaciones que  pueda  establecer,  incluirá
 las garantías precisas para asegurar  el  funcionamiento  de  los  servicios
 esenciales de la comunidad.

  Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de  la economía
 de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen  su  ejercicio  y  la
 defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias  de  la  economía
 general y, en su caso, de la planificación.

  CAPITULO III.-De los principios rectores de la política social y económica.
  Artículo  39.  1.  Los  poderes  públicos  aseguran  la  protección social,
 económica y jurídica de la familia.
  2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección  integral  de los
 hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las
 madres, cualesquiera que  sea  su  estado  civil.  La  ley  posibilitará  la
 investigación de la paternidad.
  3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden  a  los  hijos habidos
 dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad  y  en  los  demás
 casos en que legalmente proceda.
   4.  Los  niños  gozarán  de  la  protección   prevista   en   los acuerdos
 internacionales que velan por sus derechos.

  Artículo 40. 1. Los poderes públicos promoverán las  condiciones favorables
 para el progreso social y económico y para  una  distribución  de  la  renta
 regional y  personal  más  equitativa,  en  el  marco  de  una  política  de
 estabilidad económica. De manera especial realizarán una política  orientada
 al pleno empleo.
  2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que  garantice la
 formación y readaptación profesionales; velaran por la seguridad  e  higiene
 en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante  la  limitación
 de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la  promoción
 de centros adecuados.

   Artículo  41.  Los  poderes  públicos  mantendrán  un  régimen  público de
 Seguridad Social para todos los ciudadanos que  garantice  la  asistencia  y
 prestaciones   sociales   suficientes   ante   situaciones   de   necesidad,
 especialmente  en  caso  de  desempleo.   La   asistencia   y   prestaciones
 complementarias serán libres.

  Artículo 42. El Estado velará  especialmente  por  la  salvaguardia  de los
 derechos  económicos  y  sociales  de  los  trabajadores  españoles  en   el
 extranjero, y orientará su política hacia su retorno.

  Artículo 43. 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
  2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar  la  salud  pública a
 través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios  necesarios.
 La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
  3. Los poderes públicos fomentarán  la  educación  sanitaria,  la educación
 física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

  Artículo 44. 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso  a la
 cultura, a la que todos tienen derecho.
  2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica
 y técnica en beneficio del interés general.

  Artículo 45. 1. Todos tienen el derecho a disfrutar  de  un  medio ambiente
 adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
  2. Los poderes públicos velarán por la utilización  racional  de  todos los
 recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y
 defender y restaurar el  medio  ambiente,  apoyándose  en  la  indispensable
 solidaridad colectiva.
  3. Para quienes  violen  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  en los
 términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o,  en  su  caso,
 administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

  Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán
 el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural  y  artístico  de  los
 pueblos de España y de los bienes que lo integran,  cualquiera  que  sea  su
 régimen jurídico y su titularidad. La ley  penal  sancionará  los  atentados
 contra este patrimonio.

  Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
 digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias
 y establecerán las normas pertinentes  para  hacer  efectivo  este  derecho,
 regulando la utilización del suelo de acuerdo con el  interés  general  para
 impedir la especulación.
  La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística
 de los entes públicos.

  Artículo 48.  Los  poderes  públicos  promoverán  las  condiciones  para la
 participación libre y eficaz de  la  juventud  en  el  desarrollo  político,
 social, económico y cultural.

  Artículo 49. Los poderes públicos  realizarán  una  política  de previsión,
 tratamiento,  rehabilitación  e  integración  de  los  disminuidos  físicos,
 sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención  especializada  que
 requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que
 este Título otorga a todos los ciudadanos.

   Artículo  50.  Los  poderes  públicos   garantizarán,   mediante pensiones
 adecuadas y periódicamente actualizadas,  la  suficiencia  económica  a  los
 ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y  con  independencia  de  las
 obligaciones familiares, promoverán su  bienestar  mediante  un  sistema  de
 servicios  sociales  que  atenderán  sus  problemas  específicos  de  salud,
 vivienda, cultura y ocio.

  Artículo 51.  1.  Los  poderes  públicos  garantizarán  la  defensa  de los
 consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos  eficaces,  la
 seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
  2. Los poderes públicos promoverán la información  y  la  educación  de los
 consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán  a  éstas  en
 las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los  términos  que  la  ley
 establezca.
  3. En el marco  de  lo  dispuesto  por  los  apartados  anteriores,  la ley
 regulará el comercio interior y el  régimen  de  autorización  de  productos
 comerciales.

   Artículo  52.  La  ley  regulará  las   organizaciones   profesionales que
 contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les  sean  propios.
 Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

  CAPITULO IV.-De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
  Artículo 53. 1.  Los  derechos  y  libertades  reconocidos  en  el Capítulo
 segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo  por
 ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse
 el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con
 lo previsto en el artículo 161, 1 a)
  2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos
 reconocidos en el art. 14 y la Sección primera del  Capítulo  2.º  ante  los
 Tribunales ordinarios por un  procedimiento  basado  en  los  principios  de
 preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo  ante
 el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción
 de conciencia reconocida en el artículo 30.
  3.  El  reconocimiento,  el  respeto  y  la  protección  de  los principios
 reconocidos en  el  Capítulo  3.º  informará  la  legislación  positiva,  la
 práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.  Sólo  podrán  ser
 alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan  las
 leyes que los desarrollen.

  Artículo 54. Una ley orgánica  regulará  la  institución  del  Defensor del
 Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado  por  éstas
 para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a  cuyo  efecto
 podrá supervisar la actividad de  la  Administración,  dando  cuenta  a  las
 Cortes Generales.

  CAPITULO V.-De la suspensión de los derechos y libertades.
  Artículo 55. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados
 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a)  y  d),  y  5,  artículos  21,  28,
 apartado 2, y artículo 37, apartado 2,  podrán  ser  suspendidos  cuando  se
 acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio  en  los  términos
 previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el
 apartado 3 del artículo 17 para el supuesto  de  declaración  de  estado  de
 excepción.
  2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos  en  los  que, de
 forma individual y con la necesaria  intervención  judicial  y  el  adecuado
 control  parlamentario,  los  derechos  reconocidos  en  los  artículos  17,
 apartado 2, y 18, apartados 2 y 3,  pueden  ser  suspendidos  para  personas
 determinadas, en relación con  las  investigaciones  correspondientes  a  la
 actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
  La utilización injustificada o abusiva  de  las  facultades  reconocidas en
 dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como  violación  de  los
 derechos y libertades reconocidos por las leyes.

  TITULO II.-DE LA CORONA
  Artículo 56. 1. El Rey es el  Jefe  del  Estado,  símbolo  de  su  unidad y
 permanencia,  arbitra  y   modera   el   funcionamiento   regular   de   las
 instituciones, asume la más alta representación del Estado  español  en  las
 relaciones internacionales, especialmente con las naciones de  su  comunidad
 histórica,  y  ejerce  las  funciones  que  le  atribuyen  expresamente   la
 Constitución y las leyes.
  2. Su título es el  de  Rey  de  España  y  podrá  utilizar  los  demás que
 correspondan a la Corona.
  3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus
 actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64,
 careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el  artículo
 65, 2.

  Artículo 57. 1. La Corona de España es hereditaria en los  sucesores  de S.
 M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía  histórica.
 La sucesión en  el  trono  seguirá  el  orden  regular  de  primogenitura  y
 representación,  siendo  preferida  siempre  la   línea   anterior   a   las
 posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más  remoto;  en  el
 mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad
 a la de menos.
  2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o  desde  que  se  produzca el
 hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias
 y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la  Corona  de
 España.
  3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho,  las  Cortes Generales
 proveerán a la sucesión en la Corona en la forma  que  más  convenga  a  los
 intereses de España.
  4. Aquellas personas  que  teniendo  derecho  a  la  sucesión  en  el trono
 contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes
 Generales, quedarán excluidas en la sucesión  a  la  Corona  por  sí  y  sus
 descendientes.
  5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de  derecho que
 ocurra en el orden de sucesión  a  la  Corona  se  resolverán  por  una  ley
 orgánica.

  Artículo 58. La Reina consorte o el consorte de la Reina  no  podrán asumir
 funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

  Artículo 59. 1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la  madre del
 Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en  la
 Corona, según el orden establecido en la  Constitución,  entrará  a  ejercer
 inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría  de
 edad del Rey.
  2. Si el Rey se  inhabilitare  para  el  ejercicio  de  su  autoridad  y la
 imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará  a  ejercer
 inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor
 de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en  el  apartado
 anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.
  3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será
 nombrada por las Cortes Generales, y se  compondrá  de  una,  tres  o  cinco
 personas.
  4. Para ejercer la Regencia es preciso se español y mayor de edad.
  5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y  siempre  en nombre
 del Rey.

  Artículo 60. 1. Será tutor del Rey menor la persona  que  en  su testamento
 hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español  de
 nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será  tutor  el  padre  o  la  madre,
 mientras  permanezcan  viudos.  En  su  defecto,  lo  nombrarán  las  Cortes
 Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de  tutor  sino
 en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
  2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o
 representación política.

  Artículo 61. 1. El  Rey,  al  ser  proclamado  ante  las  Cortes generales,
 prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones,  guardar  y  hacer
 guardar la  Constitución  y  las  leyes  y  respetar  los  derechos  de  los
 ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
  2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de  edad,  y  el  Regente o
 Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán  el  mismo  juramento,
 así como el de fidelidad al Rey.

  Artículo 62. Corresponde al Rey:
  a) Sancionar y promulgar las leyes.
  b) Convocar y disolver las Cortes Generales y  convocar  elecciones  en los
 términos previstos en la Constitución.
  c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
  d) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo,
 así como poner  fin  a  sus  funciones  en  los  términos  previstos  en  la
 Constitución.
  e) Nombrar y separar  a  los  miembros  del  Gobierno,  a  propuesta  de su
 Presidente.
  f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros,  conferir los
 empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo  a
 las leyes.
  g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos  efectos, las
 sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del
 Presidente del Gobierno.
  h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
  i) Ejercer el derecho  de  gracia  con  arreglo  a  la  ley,  que  no podrá
 autorizar indultos generales.
  j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

  Artículo 63. 1. El Rey acredita a los  embajadores  y  otros representantes
 diplomáticos. Los representantes extranjeros  en  España  están  acreditados
 ante él.
   2.  Al  Rey  corresponde  manifestar  el  consentimiento  del  Estado para
 obligarse internacionalmente por medio de tratados, de  conformidad  con  la
 Constitución y las leyes.
  3.  Al  Rey  corresponde,  previa  autorización  de  las  Cortes Generales,
 declarar la guerra y hacer la paz.

  Artículo 64. 1. Los actos del Rey serán refrendados por  el  Presidente del
 Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.  La  propuesta  y  el
 nombramiento del Presidente del Gobierno, y la  disolución  prevista  en  el
 artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
  2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

  Artículo 65. 1. El Rey recibe de los Presupuestos del  Estado  una cantidad
 global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y  distribuye  libremente
 la misma.
  2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y  militares de
 su Casa.

  TITULO III.-DE LAS CORTES GENERALES
  CAPITULO I.-De las Cámaras.
  Artículo 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español  y están
 formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
  2.  Las  Cortes  Generales  ejercen  la  potestad  legislativa  del Estado,
 aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del  Gobierno  y  tienen  las
 demás competencias que les atribuya la Constitución.
  3. Las Cortes Generales son inviolables.

  Artículo 67. 1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente,
 ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado
 al Congreso.
  2. Los miembros de las Cortes  Generales  no  estarán  ligados  por mandato
 imperativo.
  3.  Las  reuniones  de  Parlamentarios  que  se  celebren  sin convocatoria
 reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones
 ni ostentar sus privilegios.

  Artículo 68. 1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y  un  máximo de
 400 Diputados, elegidos por sufragio  universal,  libre,  igual,  directo  y
 secreto, en los términos que establezca la ley.
  2. La circunscripción electoral es la provincia.
  Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una  de ellas
 por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados,  asignando
 una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los
 demás en proporción a la población.
  3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios
 de representación proporcional.
  4. El Congreso es elegido por cuatro  años.  El  mandato  de  los Diputados
 termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución  de  la
 Cámara.
  5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno  uso de
 sus derechos políticos.
  La ley reconocerá y  el  Estado  facilitará  el  ejercicio  del  derecho de
 sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.
  6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde
 la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser  convocado  dentro
 de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

  Artículo 69. 1. El Senado es la Cámara de representación territorial.
  2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores  por  sufragio universal,
 libre, igual, directo y secreto por los volantes de cada una  de  ellas,  en
 los términos que señale una ley orgánica.
  3. En las provincias  insulares,  cada  isla  o  agrupación  de  ellas, con
 Cabildo o Consejo Insular, constituirá  una  circunscripción  a  efectos  de
 elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas  mayores
 -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas
 o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca,  Fuerteventura,  Gomera,  Hierro,
 Lanzarote y La Palma.
  4. Las poblaciones de Ceuta  y  Melilla  elegirán  cada  una  de  ellas dos
 Senadores.
  5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador  y  otro  más por
 cada millón de  habitantes  de  su  respectivo  territorio.  La  designación
 corresponderá a  la  Asamblea  Legislativa  o,  en  su  defecto,  al  órgano
 colegiado  superior  de  la  Comunidad  Autónoma,  de  acuerdo  con  lo  que
 establezcan los  Estatutos,  que  asegurarán,  en  todo  caso,  la  adecuada
 representación proporcional.
  6. El Senado es elegido  por  cuatro  años.  El  mandato  de  los Senadores
 termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución  de  la
 Cámara.

  Artículo 70. 1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e
 incompatibilidad de los Diputados y Senadores,  que  comprenderán,  en  todo
 caso:
  a) A los componentes del Tribunal Constitucional.
  b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley,
 con la excepción de los miembros del Gobierno.
  c) Al Defensor del Pueblo.
  d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
  e) A los militares profesionales y miembros de  las  Fuerzas  y  Cuerpos de
 Seguridad y Policía en activo.
  f) A los miembros de las Juntas Electorales.
  2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de  ambas Cámaras
 estará sometida al control judicial, en los términos que establezca  la  ley
 electoral.

  Artículo 71. 1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las
 opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
  2. Durante el período de  su  mandato  los  Diputados  y  Senadores gozarán
 asimismo de inmunidad y sólo podrán  ser  detenidos  en  caso  de  flagrante
 delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de
 la Cámara respectiva.
  3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo
 Penal del Tribunal Supremo.
  4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será  fijada por
 las respectivas Cámaras.

  Artículo 72. 1. Las Cámaras establecen  sus  propios  Reglamentos, aprueban
 autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto  del
 Personal de las  Cortes  Generales.  Los  Reglamentos  y  su  reforma  serán
 sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la  mayoría
 absoluta.
  2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los  demás  miembros de
 sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas  por  el  Presidente  del
 Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por
 mayoría absoluta de cada Cámara.
  3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los
 poderes administrativos y facultades  de  policía  en  el  interior  de  sus
 respectivas sedes.

  Artículo  73.  1.  Las  Cámaras  se  reunirán  anualmente  en  dos períodos
 ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo,
 de febrero a junio.
  2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias  a  petición del
 Gobierno, de la Diputación Permanente  o  de  la  mayoría  absoluta  de  los
 miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias  deberán
 convocarse sobre un orden del día determinado y serán  clausuradas  una  vez
 que éste haya sido agotado.

  Artículo 74. 1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las
 competencias no legislativas que el Título II atribuye  expresamente  a  las
 Cortes Generales.
  2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1,
 145, 2, y 158, 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras.
  En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso,  y  en los
 otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado
 y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta  de  igual
 número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto,  que  será
 votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá
 el Congreso por mayoría absoluta.

  Artículo 75. 1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
  2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la
 aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante,
 recabar en cualquier momento el debate y votación de  cualquier  proyecto  o
 proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.
  3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el  apartado  anterior  la reforma
 constitucional, las cuestiones internacionales, las  leyes  orgánicas  y  de
 bases y los Presupuestos Generales del Estado.

  Artículo 76. 1. El Congreso y el  Senado,  y,  en  su  caso,  ambas Cámaras
 conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de  investigación  sobre  cualquier
 asunto de interés público. Sus conclusiones no serán  vinculantes  para  los
 Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que
 el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el
 ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
  2. Será obligatorio comparecer  a  requerimiento  de  las  Cámaras.  La ley
 regulará las sanciones que  puedan  imponerse  por  incumplimiento  de  esta
 obligación.

  Artículo 77.  1.  Las  Cámaras  pueden  recibir  peticiones  individuales y
 colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación  directa
 por manifestaciones ciudadanas.
  2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las  peticiones  que  reciban. El
 Gobierno está obligado a explicarse sobre  su  contenido,  siempre  que  las
 Cámaras lo exijan.

  Artículo 78. 1. En cada Cámara habrá  una  Diputación  Permanente compuesta
 por  un  mínimo  de  veintiún  miembros,  que  representarán  a  los  grupos
 parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
  2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente  de la
 Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el art. 73, la  de
 asumir las facultades que correspondan a las Cámaras,  de  acuerdo  con  los
 arts. 86 y 116, en caso de que  éstas  hubieren  sido  disueltas  o  hubiere
 expirado su mandato y la de velar por los poderes  de  las  Cámaras,  cuando
 éstas no estén reunidas.
   3.  Expirando  el  mandato  o  en  caso  de  disolución,  las Diputaciones
 Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución  de  las
 nuevas Cortes Generales.
  4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente  dará cuenta
 de los asuntos tratados y de sus decisiones.

  Artículo 79. 1. Para adoptar  acuerdos  las  Cámaras  deben  estar reunidas
 reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
  2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por  la mayoría
 de los miembros presentes, sin perjuicio  de  las  mayorías  especiales  que
 establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de
 personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
  3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

  Artículo 80. Las sesiones plenarias de las  Cámaras  serán  públicas, salvo
 acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por  mayoría  absoluta  o  con
 arreglo al Reglamento.

  CAPITULO II.-De la elaboración de las leyes.
  Artículo 81. 1. Son leyes orgánicas  las  relativas  al  desarrollo  de los
 derechos fundamentales y de las libertades públicas, las  que  aprueben  los
 Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás  previstas
 en la Constitución.
  2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes  orgánicas exigirá
 mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el  conjunto  del
 proyecto.

  Artículo 82. 1. Las Cortes Generales  podrán,  delegar  en  el  Gobierno la
 potestad de dictar normas con rango de ley sobre  materias  determinadas  no
 incluidas en el artículo anterior.
  2. La delegación legislativa deberá otorgarse  mediante  una  ley  de bases
 cuando su objeto sea la formación  de  textos  articulados  o  por  una  ley
 ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
  3. La delegación  legislativa  habrá  de  otorgarse  al  Gobierno  de forma
 expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La
 delegación se agota por el uso que de ella  haga  el  Gobierno  mediante  la
 publicación de la norma correspondiente. No podrá  entenderse  concedida  de
 modo implícito o por tiempo indeterminado.
  Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas  del propio
 Gobierno.
  4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y  alcance  de la
 delegación legislativa y los principios y criterios que han de  seguirse  en
 su ejercicio.
  5. La autorización  para  refundir  textos  legales  determinará  el ámbito
 normativo a que se refiere el contenido de la delegación,  especificando  si
 se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se  incluye  la
 de regularizar, aclarar y armonizar  los  textos  legales  que  han  de  ser
 refundidos.
  6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales,  las  leyes de
 delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

  Artículo 83. Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
  a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
  b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

  Artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuera contraria a
 una delegación  legislativa  en  vigor,  el  Gobierno  está  facultado  para
 oponerse  a  su  tramitación.  En  tal  supuesto,  podrá   presentarse   una
 proposición de ley  para  la  derogación  total  o  parcial  de  la  ley  de
 delegación.

  Artículo 85.  Las  disposiciones  del  Gobierno  que  contengan legislación
 delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

  Artículo 86. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad,  el Gobierno
 podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán  la  forma
 de  Decretos-Leyes  y  que  no  podrán  afectar  al  ordenamiento   de   las
 instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes  y  libertades  de
 los ciudadanos regulados en el Título  I,  al  régimen  de  las  Comunidades
 Autónomas, ni al Derecho electoral general.
  2. Los Decretos-Leyes  deberán  ser  inmediatamente  sometidos  a  debate y
 votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al  efecto  si
 no estuviere reunido, en el plazo  de  los  treinta  días  siguientes  a  su
 promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho
 plazo sobre su convalidación  o  derogación,  para  lo  cual  el  Reglamento
 establecerá un procedimiento especial y sumario.
  3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las  Cortes podrán
 tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

  Artículo 87. 1.  La  iniciativa  legislativa  corresponde  al  Gobierno, al
 Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y  los  Reglamentos  de
 las Cámaras.
  2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno
 la adopción de un proyecto de ley o remitir  a  la  Mesa  del  Congreso  una
 proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de  tres  miembros
 de la Asamblea encargados de su defensa.
  3. Una ley orgánica regulará las formas de  ejercicio  y  requisitos  de la
 iniciativa popular para la presentación de proposiciones  de  ley.  En  todo
 caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas.
   No  procederá  dicha  iniciativa  en  materias  propias  de  ley orgánica,
 tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa
 de gracia.

  Artículo 88. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo  de Ministros,
 que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y  de
 los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

  Artículo 89. 1. La tramitación de las proposiciones de ley se  regulará por
 los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los  proyectos
 de ley impida el ejercicio de la  iniciativa  legislativa  en  los  términos
 regulados por el artículo 87.
  2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo  con  el  artículo  87  tome en
 consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su  trámite  en  éste
 como tal proposición.

  Artículo 90. 1. Aprobado un proyecto de ley  ordinaria  u  orgánica  por el
 Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo  al
 Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.
  2. El Senado, en el plazo de dos meses, a partir del  día  de  la recepción
 del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer  su  veto  o  introducir
 enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado  por  mayoría  absoluta.  El
 proyecto no podrá ser sometido al Rey  para  sanción  sin  que  el  Congreso
 ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el  texto  inicial,  o  por
 mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la  interposición  del
 mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas  o  no  por  mayoría
 simple.
  3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o  enmendar el
 proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados
 urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

  Artículo 91. El Rey  sancionará  en  el  plazo  de  quince  días  las leyes
 aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata
 publicación.

  Artículo 92. 1. Las decisiones políticas de  especial  trascendencia podrán
 ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
  2.  El  referéndum  será  convocado  por  el  Rey,  mediante  propuesta del
 Presidente del Gobierno, previamente  autorizada  por  el  Congreso  de  los
 Diputados.
  3. Una ley orgánica regulará las  condiciones  y  el  procedimiento  de las
 distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

  CAPITULO III.-De los Tratados Internacionales.
  Artículo 93. Mediante ley orgánica se  podrá  autorizar  la  celebración de
 tratados  por  los  que  se  atribuya  a  una  organización  o   institución
 internacional el ejercicio de competencias  derivadas  de  la  Constitución.
 Corresponde a las Cortes Generales  o  al  Gobierno,  según  los  casos,  la
 garantía del cumplimiento de estos tratados y de las  resoluciones  emanadas
 de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

  Artículo 94. 1. La prestación del consentimiento del Estado  para obligarse
 por medio de tratados o convenios requerirá la previa  autorización  de  las
 Cortes Generales, en los siguientes casos:
  a) Tratados de carácter político.
  b) Tratados o convenios de carácter militar.
  c) Tratados o convenios que afecten a la integridad Territorial  del Estado
 o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
  d) Tratados o Convenios  que  impliquen  obligaciones  financieras  para la
 Hacienda Pública.
  e) Tratados o convenios que supongan modificación  o  derogación  de alguna
 ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
  2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión
 de los restantes tratados o convenios.

  Artículo 95. 1. La celebración de  un  tratado  internacional  que contenga
 estipulaciones contrarias a  la  constitución  exigirá  la  previa  revisión
 constitucional.
  2. El Gobierno o cualquiera  de  las  Cámaras  puede  requerir  al Tribunal
 Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

  Artículo 96. 1. Los tratados internacionales válidamente celebrados una vez
 publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento  interno.
 Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la
 forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales
 del Derecho internacional.
  2.  Para  la  denuncia  de  los  tratados  y  convenios  internacionales se
 utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el art. 94.

  TITULO IV.-DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION.
  Artículo 97.  El  Gobierno  dirige  la  política  interior  y  exterior, la
 Administración civil y militar y la defensa del Estado.  Ejerce  la  función
 ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución  y  las
 leyes.

   Artículo  98.  1.  El  Gobierno  se   compone   del   Presidente,   de los
 Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de  los  demás  miembros  que
 establezca la ley.
  2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las  funciones de
 los  demás  miembros  del  mismo,  sin  perjuicio  de   la   competencia   y
 responsabilidad directa de éstos en su gestión.
   3.  Los  miembros  del  Gobierno   no   podrán   ejercer   otras funciones
 representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra
 función pública que no derive  de  su  cargo,  ni  actividad  profesional  o
 mercantil alguna.
  4. La ley regulará el Estatuto e  incompatibilidades  de  los  miembros del
 Gobierno.

  Artículo 99. 1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y
 en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el  Rey,  previa
 consulta con los representantes designados  por  los  Grupos  políticos  con
 representación parlamentaria,  y  a  través  del  Presidente  del  Congreso,
 propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
  2. El candidato propuesto conforme a lo previsto  en  el  apartado anterior
 expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno
 que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
  3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la  mayoría  absoluta de
 sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el  Rey  le  nombrará
 Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a
 nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la  confianza
 se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
  4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la
 investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en  los
 apartados anteriores.
  5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de  la  primera votación
 de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso,
 el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo
 del Presidente del Congreso.

  Artículo 100. Los demás miembros del Gobierno serán  nombrados  y separados
 por el Rey, a propuesta de su Presidente.

  Artículo 101.  1.  El  Gobierno  cesa  tras  la  celebración  de elecciones
 generales, en los casos de pérdida de la confianza  parlamentaria  previstos
 en la Constitución, o por disminución o fallecimiento de su Presidente.
  2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta  la  toma  de posesión
 del nuevo Gobierno.

  Artículo 102. 1. La responsabilidad criminal  del  Presidente  y  los demás
 miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala  de  lo  Penal
 del Tribunal Supremo.
  2. Si la acusación fuere por traición  o  por  cualquier  delito  contra la
 seguridad del Estado en el  ejercicio  de  sus  funciones,  sólo  podrá  ser
 planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso,  y
 con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
  3. La prerrogativa real de  gracia  no  será  aplicable  a  ninguno  de los
 supuestos del presente artículo.

  Artículo 103.  1.  La  Administración  Pública  sirve  con  objetividad los
 intereses generales y actúa de  acuerdo  con  los  principios  de  eficacia,
 jerarquía,   descentralización,   desconcentración   y   coordinación    con
 sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
  2. Los órganos de la  Administración  del  Estado  son  creados,  regidos y
 coordinados de acuerdo con la ley.
  3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la
 función pública de acuerdo con los principios de  mérito  y  capacidad,  las
 peculiaridades del ejercicio de su derecho  a  sindicación,  el  sistema  de
 incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio  de
 sus funciones.

  Artículo 104. 1. Las Fuerzas y Cuerpos de  seguridad,  bajo  la dependencia
 del Gobierno, tendrán  como  misión  proteger  el  libre  ejercicio  de  los
 derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
  2. Una  ley  orgánica  determinará  las  funciones,  principios  básicos de
 actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

  Artículo 105. La ley regulará:
  a)  La  audiencia  de  los  ciudadanos,  directamente  o  a  través  de las
 organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de
 elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
  b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y  registros administrativos,
 salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la  averiguación
 de los delitos y la intimidad de las personas.
   c)  El  procedimiento  a  través  del  cual  deben  producirse   los actos
 administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

  Artículo 106. 1. Los Tribunales controlan la  potestad  reglamentaria  y la
 legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a
 los fines que la justifican.
  2. Los particulares, en  los  términos  establecidos  por  la  ley, tendrán
 derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera  de  sus
 bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
 sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

  Artículo 107. El Consejo de Estado  es  el  supremo  órgano  consultivo del
 Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

  TITULO V.-DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES.
  Artículo 108. El Gobierno responde solidariamente  en  su  gestión política
 ante el Congreso de los Diputados.

  Artículo 109. Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través  de los
 Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno  y
 de sus Departamentos y de cualesquiera  autoridades  del  Estado  y  de  las
 Comunidades Autónomas.

  Artículo 110. 1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar  la presencia
 de los miembros del Gobierno.
  2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las lesiones de las  Cámaras y
 a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y  podrán  solicitar
 que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

  Artículo 111. 1. El Gobierno y cada uno de sus miembros  están  sometidos a
 las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta
 clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.
  2. Toda interpelación podrá dar lugar a una  moción  en  la  que  la Cámara
 manifieste su posición.

  Artículo 112. El Presidente del Gobierno, previa  deliberación  del Consejo
 de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados  la  cuestión
 de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política  general.
 La confianza se entenderá otorgada cuando  vote  a  favor  de  la  misma  la
 mayoría simple de los Diputados.

   Artículo  113.  1.  El  Congreso  de   los   Diputados   puede   exigir la
 responsabilidad política del  Gobierno  mediante  la  adopción  por  mayoría
 absoluta de la moción de censura.
  2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por  la  décima parte
 de los Diputados, y habrá de incluir  un  candidato  a  la  Presidencia  del
 Gobierno.
  3. La moción de censura no podrá ser  votada  hasta  que  transcurran cinco
 días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho  plazo  podrán
 presentarse mociones alternativas.
  4. Si  la  moción  de  censura  no  fuere  aprobada  por  el  Congreso, sus
 signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

  Artículo 114. 1. Si  el  Congreso  niega  su  confianza  al  Gobierno, éste
 presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación
 de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.
  2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el  Gobierno  presentará su
 dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de
 la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El  Rey
 le nombrará Presidente del Gobierno.

  Artículo 115.  1.  El  Presidente  del  Gobierno,  previa  deliberación del
 Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la
 disolución del Congreso, del Senado o de  las  Cortes  Generales,  que  será
 decretada por el Rey. El decreto  de  disolución  fijará  la  fecha  de  las
 elecciones.
  2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando  esté  en trámite
 una moción de censura.
  3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra  un  año  desde la
 anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

  Artículo 116. 1. Una  ley  orgánica  regulará  los  estados  de  alarma, de
 excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
  2. El estado de alarma será  declarado  por  el  Gobierno  mediante Decreto
 acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince  días,  dando
 cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y  sin
 cuya  autorización  no  podrá  ser  prorrogado  dicho  plazo.   El   decreto
 determinará el ámbito territorial a que  se  extienden  los  efectos  de  la
 declaración.
  3. El estado de excepción será declarado por el  Gobierno  mediante decreto
 acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del  Congreso  de  los
 Diputados. La autorización y proclamación del  estado  de  excepción  deberá
 determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial  a  que
 se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días prorrogables
 por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
  4. El estado de sitio será declarado por la mayoría  absoluta  del Congreso
 de  los  Diputados,  a  propuesta  exclusiva  del  Gobierno.   El   Congreso
 determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
  5.  No  podrá  procederse  a  la  disolución  del  Congreso  mientras estén
 declarados algunos de los estados  comprendidos  en  el  presente  artículo,
 quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en  período
 de  sesiones.  Su  funcionamiento,  así  como  el  de  los   demás   poderes
 constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia  de
 estos estados.
  Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere  alguna  de las
 situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados,  las  competencias
 del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
  6. La declaración de los Estados de alarma,  de  excepción  y  de  sitio no
 modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y  de  sus  agentes
 reconocidos en la Constitución y en las leyes.

  TITULO VI.-DEL PODER JUDICIAL
  Artículo 117. 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del
 Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes;
 inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
   2.  Los  Jueces  y  Magistrados  no  podrán   ser   separados suspendidos,
 trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las  garantías
 previstas en la ley.
  3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional  en  todo  tipo  de procesos,
 juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado  corresponde  exclusivamente  a  los
 Juzgados y Tribunales determinados  por  las  leyes,  según  las  normas  de
 competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
  4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones  que  las señaladas
 en el apartado anterior y las que expresamente les sean  atribuidas  por  la
 ley en garantía de cualquier derecho.
  5. El principio de unidad jurisdiccional es la base  de  la  organización y
 funcionamiento de los  Tribunales.  La  ley  regulará  el  ejercicio  de  la
 jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos
 de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
  6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

  Artículo 118. Es  obligado  cumplir  las  sentencias  y  demás resoluciones
 firmes de  los  Jueces  y  Tribunales,  así  como  prestar  la  colaboración
 requerida por éstos en el  curso  del  proceso  y  en  la  ejecución  de  lo
 resuelto.

  Artículo 119. La justicia será gratuita cuando así lo disponga  la  ley, y,
 en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de  recursos  para
 litigar.

  Artículo  120.  1.  Las  actuaciones  judiciales  serán  públicas,  con las
 excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
  2. El procedimiento será  predominantemente  oral,  sobre  todo  en materia
 criminal.
  3. Las sentencias serán siempre motivadas y  se  pronunciarán  en audiencia
 pública.

  Artículo 121. Los daños causados por error judicial, así como los  que sean
 consecuencia del funcionamiento anormal de la  Administración  de  Justicia,
 darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley.

  Artículo  122.  1.  La  ley  orgánica  del  poder  judicial  determinará la
 constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados  y  Tribunales,  así
 como el estatuto jurídico de  los  Jueces  y  Magistrados  de  carrera,  que
 formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de
 Justicia.
  2. El Consejo General del Poder  Judicial  es  el  órgano  de  gobierno del
 mismo.  La  ley  orgánica  establecerá  su  estatuto   y   el   régimen   de
 incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia
 de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
  3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente
 del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados  por
 el Rey por un  período  de  cinco  años.  De  éstos,  doce  entre  Jueces  y
 Magistrados  de  todas  las  categorías  judiciales,  en  los  términos  que
 establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados
 y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres
 quintos de sus miembros, entre abogados y otros  juristas,  todos  ellos  de
 reconocida competencia  y  con  más  de  quince  años  de  ejercicio  en  su
 profesión.

  Artículo 123. 1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en  toda  España, es
 el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo  lo  dispuesto
 en materia de garantías constitucionales.
  2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta
 del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

  Artículo 124. 1. El  Ministerio  Fiscal,  sin  perjuicio  de  las funciones
 encomendadas a otros órganos, tiene por misión  promover  la  acción  de  la
 justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del
 interés público tutelado  por  la  ley,  de  oficio  o  a  petición  de  los
 interesados, así como  velar  por  la  independencia  de  los  Tribunales  y
 procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
  2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio  de  órganos propios
 conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica  y
 con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
  3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
  4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey,  a  propuesta del
 Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

  Artículo 125. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular  y participar
 en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado,  en  la
 forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley  determine,  así
 como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

  Artículo 126. La policía judicial depende de los Jueces, de  los Tribunales
 y del Ministerio Fiscal en  sus  funciones  de  averiguación  del  delito  y
 descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que  la  ley
 establezca.

  Artículo 127. 1. Los Jueces y Magistrados, así como  los  Fiscales mientras
 se hallen  en  activo,  no  podrán  desempeñar  otros  cargos  públicos,  ni
 pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el  sistema
 y modalidades  de  asociación  profesional  de  los  Jueces,  Magistrados  y
 Fiscales.
  2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los  miembros del
 poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

  TITULO VII.-ECONOMIA Y HACIENDA.
  Artículo 128. 1. Toda la riqueza del país en sus  distintas  formas  y, sea
 cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
  2. Se reconoce la iniciativa pública en  la  actividad  económica. Mediante
 ley se podrá reservar al sector público  recursos  o  servicios  esenciales,
 especialmente en caso de monopolio y asimismo  acordar  la  intervención  de
 empresas cuando así lo exigiere el interés general.

  Artículo 129. 1. La ley establecerá  las  formas  de  participación  de los
 interesados en la Seguridad Social y  en  la  actividad  de  los  organismos
 públicos cuya función afecte directamente a la  calidad  de  la  vida  o  al
 bienestar general.
  2. Los poderes  públicos  promoverán  eficazmente  las  diversas  formas de
 participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación  adecuada,
 las sociedades cooperativas. También establecerán los medios  que  faciliten
 el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

  Artículo 130. 1.  Los  poderes  públicos  atenderán  a  la  modernización y
 desarrollo  de  todos  los  sectores  económicos  y,  en  particular  de  la
 agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía a fin de equipar
 el nivel de vida de todos los españoles.
  2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a  las  zonas de
 montaña.

  Artículo 131. 1. El Estado, mediante  ley,  podrá  planificar  la actividad
 económica general para atender a las necesidades  colectivas,  equilibrar  y
 armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el  crecimiento  de
 la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
  2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las
 previsiones que le sean suministradas por las  Comunidades  Autónomas  y  el
 asesoramiento y  colaboración  de  los  sindicatos  y  otras  organizaciones
 profesionales, empresariales y económicas.  A  tal  fin  se  constituirá  un
 Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

  Artículo 132. 1. La ley regulará  el  régimen  jurídico  de  los  bienes de
 dominio público y de  los  comunales,  inspirándose  en  los  principios  de
 inalienabilidad,  imprescriptibilidad  e  inembargabilidad,  así   como   su
 desafectación.
  2. Son bienes de dominio público estatal los que  determine  la  ley  y, en
 todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y  los
 recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
  3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el  Patrimonio Nacional,
 su administración, defensa y conservación.

  Artículo 133.  1.  La  potestad  originaria  para  establecer  los tributos
 corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.
  2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales  podrán establecer
 y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
  3. Todo beneficio fiscal  que  afecte  a  los  tributos  del  Estado deberá
 establecerse en virtud de ley.
   4.  Las  administraciones  públicas  sólo   podrán   contraer obligaciones
 financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

  Artículo 134. 1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos
 Generales del Estado  y  a  las  Cortes  Generales  su  examen,  enmienda  y
 aprobación.
  2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter  anual, incluirán
 la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en  ellos
 se consignará el importe de  los  beneficios  fiscales  que  afecten  a  los
 tributos del Estado.
  3. El Gobierno deberá presentar  ante  el  Congreso  de  los  Diputados los
 Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración
 de los del año anterior.
  4. Si la Ley de Presupuestos  no  se  aprobara  antes  del  primer  día del
 ejercicio  económico  correspondiente,   se   considerarán   automáticamente
 prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la  aprobación  de
 los nuevos.
  5. Aprobados los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  el  Gobierno podrá
 presentar proyectos de  ley  que  impliquen  aumento  del  gasto  público  o
 disminución  de   los   ingresos   correspondientes   al   mismo   ejercicio
 presupuestario.
  6. Toda proposición o  enmienda  que  suponga  aumento  de  los  créditos o
 disminución de los ingresos presupuestarios  requerirá  la  conformidad  del
 Gobierno para su tramitación.
  7. La Ley de  Presupuestos  no  puede  crear  tributos.  Podrá modificarlos
 cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

  Artículo 135. 1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley  para emitir
 Deuda Pública o contraer crédito.
  2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de  la Deuda
 Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de
 los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras
 se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

  Artículo 136. 1. El Tribunal de Cuentas es el  supremo  órgano fiscalizador
 de la cuentas y de la gestión económica del  Estado,  así  como  del  sector
 público.
  Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por
 delegación de ellas en el examen y comprobación de  la  Cuenta  General  del
 Estado.
  2. Las Cuentas del Estado y  del  sector  público  estatal  se  rendirán al
 Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.
  El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a
 las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda,  comunicará
 las infracciones o  responsabilidades  en  que,  a  su  juicio,  se  hubiere
 incurrido.
  3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e
 inamovilidad y estarán sometidos a las  mismas  incompatibilidades  que  los
 Jueces.
  4. Una ley orgánica regulará la composición, organización  y  funciones del
 Tribunal de Cuentas.

  TITULO VIII.-DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO
  CAPITULO I.-Principios generales.
  Artículo 137. El Estado  se  organiza  territorialmente  en  municipios, en
 provincias y en las Comunidades Autónomas que se  constituyan.  Todas  estas
 entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

  Artículo 138. 1. El Estado garantiza la realización efectiva  del principio
 de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución,  velando  por
 el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y  justo  entre  las
 diversas partes del territorio español y  atendiendo  en  particular  a  las
 circunstancias del hecho insular.
  2.  Las  diferencias  entre  los  Estatutos  de  las  distintas Comunidades
 Autónomas no podrán implicar,  en  ningún  caso,  privilegios  económicos  o
 sociales.

   Artículo  139.  1.  Todos  los  españoles  tienen  los  mismos  derechos y
 obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
  2. Ninguna autoridad podrá adoptar  medidas  que  directa  o indirectamente
 obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas  y
 la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

  CAPITULO II.-De la Administración Local.
  Artículo 140. La Constitución garantiza  la  autonomía  de  los municipios.
 Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno  y  administración
 corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los  Alcaldes  y
 los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del  municipio
 mediante sufragio universal igual, libre, directo y  secreto,  en  la  forma
 establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por
 los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda  el  régimen
 del concejo abierto.

  Artículo 141.  1.  La  provincia  es  una  entidad  local  con personalidad
 jurídica propia, determinada por la  agrupación  de  municipios  y  división
 territorial para el cumplimiento de las actividades  del  Estado.  Cualquier
 alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las  Cortes
 Generales mediante ley orgánica.
  2. El gobierno y  la  administración  autónoma  de  las  provincias estarán
 encomendados   a   Diputaciones   u   otras   Corporaciones   de    carácter
 representativo.
  3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
  4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su  administración propia
 en forma de Cabildos o Consejos.

   Artículo  142.  Las  Haciendas  locales  deberán  disponer  de  los medios
 suficientes para el desempeño de las funciones que la  ley  atribuye  a  las
 Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios
 y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

  CAPITULO III.-De las Comunidades Autónomas.
  Artículo 143. 1. En el ejercicio del derecho a la  autonomía  reconocido en
 el  artículo  2  de  la  Constitución,   las   provincias   limítrofes   con
 características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios
 insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán  acceder  a
 su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas  con  arreglo  a  lo
 previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.
   2.  La  iniciativa  del  proceso  autonómico   corresponde   a   todas las
 Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente  y  a  las
 dos terceras partes de los municipios cuya población represente,  al  menos,
 la mayoría del censo electoral de cada provincia o  isla.  Estos  requisitos
 deberán ser cumplidos en el plazo de seis  meses  desde  el  primer  acuerdo
 adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
  3. La iniciativa, en  caso  de  no  prosperar,  solamente  podrá reiterarse
 pasados cinco años.

  Artículo 144. Las Cortes  Generales,  mediante  ley  orgánica,  podrán, por
 motivos de interés nacional:
  a) Autorizar la constitución de una  comunidad  autónoma  cuando  su ámbito
 territorial no supere el de una provincia y no  reúna  las  condiciones  del
 apartado 1 del artículo 143.
  b)  Autorizar  o  acordar,  en  su  caso,  un  Estatuto  de  autonomía para
 territorios que no estén integrados en la organización provincial.
  c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el
 apartado 2 del artículo 143.

  Artículo 145. 1. En ningún caso se admitirá  la  federación  de Comunidades
 Autónomas.
  2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos  en que
 las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión
 y prestación de servicios propios de las mismas,  así  como  el  carácter  y
 efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes  Generales.  En  los
 demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas
 necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

  Artículo 146. El proyecto  de  Estatuto  será  elaborado  por  una asamblea
 compuesta por los miembros de la Diputación u  órgano  interinsular  de  las
 provincias afectadas y por los Diputados y Senadores  elegidos  en  ellas  y
 será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

  Artículo 147. 1. Dentro de los términos de  la  presente  Constitución, los
 Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad  Autónoma  y
 el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento
 jurídico.
  2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:
  a) La denominación de la Comunidad que  mejor  corresponda  a  su identidad
 histórica.
  b) La delimitación de su territorio.
  c) La denominación, organización  y  sede  de  las  instituciones autónomas
 propias.
   d)  Las  competencias  asumidas  dentro  del   marco   establecido   en la
 Constitución y las bases para el traspaso de los servicios  correspondientes
 a las mismas.
  3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento  establecido en
 los mismos  y  requerirá,  en  todo  caso,  la  aprobación  por  las  Cortes
 Generales, mediante ley orgánica.

  Artículo 148. 1. Las Comunidades Autónomas  podrán  asumir  competencias en
 las siguientes materias:
  1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.
  2.ª  Las  alteraciones  de  los  términos  municipales  comprendidos  en su
 territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración
 del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice  la
 legislación sobre Régimen Local.
  3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
  4.ª Las obras públicas de interés de la  Comunidad  Autónoma  en  su propio
 territorio.
   5.ª  Los  ferrocarriles  y  carreteras   cuyo   itinerario   se desarrolle
 íntegramente en el territorio de la Comunidad  Autónoma  y,  en  los  mismos
 términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
  6.ª Los puertos de refugio, los  puertos  y  aeropuertos  deportivos  y, en
 general, los que no desarrollen actividades comerciales.
  7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general  de la
 economía.
  8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.
  9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.
  10.ª Los proyectos,  construcción  y  explotación  de  los aprovechamientos
 hidráulicos, canales y regadíos de interés de  la  Comunidad  Autónoma;  las
 aguas minerales y termales.
  11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y
 la pesca fluvial.
  12.ª Ferias interiores.
  13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de
 los objetivos marcados por la política económica nacional.
  14.ª La artesanía.
  15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios  de  música  de  interés  para la
 Comunidad Autónoma.
  16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
  17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y,  en  su  caso,  de la
 enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
  18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
  19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
  20.ª Asistencia social.
  21.ª Sanidad e higiene.
  22.ª La vigilancia  y  protección  de  sus  edificios  e  instalaciones. La
 coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en  los
 términos que establezca una ley orgánica.
  2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma  de  sus  Estatutos, las
 Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus  competencias  dentro
 del marco establecido en el artículo 149.

  Artículo 149. 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
 materias:
  1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la  igualdad de
 todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento  de
 los deberes constitucionales.
  2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
  3.ª Relaciones internacionales.
  4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.
  5.ª Administración de Justicia.
  6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin
 perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se  deriven  de
 las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
  7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por  los  órganos de
 las Comunidades Autónomas.
  8.ª Legislación civil, sin perjuicio  de  la  conservación,  modificación y
 desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales  o
 especiales, allí donde existan. En todo caso,  las  reglas  relativas  a  la
 aplicación y eficacia de las normas jurídicas,  relaciones  jurídico-civiles
 relativas a  las  formas  de  matrimonio,  ordenación  de  los  registros  e
 instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas  para
 resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho,
 con respecto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
  9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
  10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
  11.ª Sistema monetario: divisas,  cambio  y  convertibilidad;  bases  de la
 ordenación del crédito, banca y seguros.
  12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
  13.ª Bases y coordinación  de  la  planificación  general  de  la actividad
 económica.
  14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.
  15.ª Fomento  y  coordinación  general  de  la  investigación  científica y
 técnica.
   16.ª  Sanidad  exterior.  Bases  y  coordinación  general  de  la sanidad.
 Legislación sobre productos farmacéuticos.
  17.ª Legislación básica y régimen económico  de  la  Seguridad  Social, sin
 perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
  18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas  y del
 régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo  caso,  garantizarán  a
 los  administrados  un  tratamiento  común,  ante  ellas;  el  procedimiento
 administrativo común, sin perjuicio de las especialidades  derivadas  de  la
 organización  propia  de  las  Comunidades  Autónomas;   legislación   sobre
 expropiación forzosa;  legislación  básica  sobre  contratos  y  concesiones
 administrativas   y   el   sistema   de   responsabilidad   de   todas   las
 Administraciones públicas.
  19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación
 del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
  20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques;  iluminación  de  costas y
 señales marítimas;  puertos  de  interés  general;  aeropuertos  de  interés
 general; control del espacio aéreo, tránsito y  transporte  aéreo,  servicio
 metereológico y matriculación de aeronaves.
   21.ª  Ferrocarriles  y  transportes  terrestres  que  transcurran   por el
 territorio  de  más  de  una  Comunidad   Autónoma;   régimen   general   de
 comunicaciones; tráfico y  circulación  de  vehículos  a  motor;  correos  y
 telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
  22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos  y aprovechamientos
 hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma,  y
 la autorización de las instalaciones eléctricas  cuando  su  aprovechamiento
 afecte a otra Comunidad o el  transporte  de  energía  salga  de  su  ámbito
 territorial.
  23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente,  sin perjuicio
 de  las  facultades  de  las  Comunidades  Autónomas  de  establecer  normas
 adicionales   de   protección.   La   legislación   básica   sobre   montes,
 aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
  24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte  a  más de
 una Comunidad Autónoma.
  25.ª Bases del régimen minero y energético.
  26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
  27.ª Normas básicas  del  régimen  de  prensa,  radio  y  televisión  y, en
 general, de todos los medios de comunicación social, sin  perjuicio  de  las
 facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a  las  Comunidades
 Autónomas.
  28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra
 la  exportación  y  la  expoliación;  museos,  bibliotecas  y  archivos   de
 titularidad  estatal,  sin  perjuicio  de  su  gestión  por  parte  de   las
 Comunidades Autónomas.
  29.ª Seguridad pública, sin perjuicio  de  la  posibilidad  de  creación de
 policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en  los
 respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
  30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición  y homologación
 de títulos académicos y profesionales y normas básicas  para  el  desarrollo
 del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el  cumplimiento  de
 las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
  31.ª Estadística para fines estatales.
  32.ª Autorización para la convocatoria de consultas  populares  por  vía de
 referéndum.
  2. Sin perjuicio de las  competencias  que  podrán  asumir  las Comunidades
 Autónomas, el Estado considerará el servicio de  la  cultura  como  deber  y
 atribución  esencial  y  facilitará  la  comunicación  cultural  entre   las
 Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
  3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por  esta Constitución
 podrán  corresponder  a  las  Comunidades  Autónomas,  en  virtud   de   sus
 respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias  que  no  se  hayan
 asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas
 prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las  Comunidades  Autónomas
 en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva  competencia  de  éstas.  El
 derecho  estatal  será,  en  todo  caso,  supletorio  del  derecho  de   las
 Comunidades Autónomas.

  Artículo 150. 1. Las Cortes Generales, en materias de  competencia estatal,
 podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la  facultad
 de  dictar,  para  si  mismas,  normas  legislativas  en  el  marco  de  los
 principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.  Sin  perjuicio
 de la competencia de los Tribunales, en cada ley  marco  se  establecerá  la
 modalidad  del  control  de  las  Cortes  Generales   sobre   estas   normas
 legislativas de las Comunidades Autónomas.
  2. El Estado podrá  transferir  o  delegar  en  las  Comunidades Autónomas,
 mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de  titularidad
 estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles  de  transferencia  o
 delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia  de
 medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
  3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan  los  principios necesarios
 para armonizar las disposiciones normativas de  las  Comunidades  Autónomas,
 aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando  así
 lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría
 absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

  Artículo 151. 1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de  cinco años,
 a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando  la  iniciativa  del
 proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143,2,  además
 de por las Diputaciones o los órganos interinsulares  correspondientes,  por
 las tres cuartas partes de los Municipios de  cada  una  de  las  provincias
 afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de  cada
 una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante  referéndum  por  el
 voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en
 los términos que establezca una ley orgánica.
  2. En el supuesto previsto en el apartado anterior,  el  procedimiento para
 la elaboración del Estatuto será el siguiente:
  1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las
 circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder
 al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de
 elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía,  mediante  el
 acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
  2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de  Parlamentarios, se
 remitirá a la Comisión Constitucional del  Congreso,  la  cual,  dentro  del
 plazo de dos meses, lo  examinará  con  el  concurso  y  asistencia  de  una
 delegación de la Asamblea proponente para determinar  de  común  acuerdo  su
 formulación definitiva.
  3.º Si se alcanzare dicho acuerdo,  el  texto  resultante  será  sometido a
 referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el  ámbito
 territorial del proyectado Estatuto.
  4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría
 de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales.  Los
 Plenos de ambas Cámaras  decidirán  sobre  el  texto  mediante  un  voto  de
 ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo  sancionará  y  lo  promulgará
 como ley.
  5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el  apartado  2.º  de este
 número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las
 Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del
 cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del
 proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la  mayoría  de  los  votos
 válidamente emitidos en cada provincia, procederá  su  promulgación  en  los
 términos del párrafo anterior.
  3. En los casos de los párrafos 4.º y  5.º  del  apartado  anterior,  la no
 aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no  impedirá
 la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada,  en
 la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado  1  de  este
 artículo.

  Artículo 152. 1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento  a  que se
 refiere el artículo anterior, la organización  institucional  autonómica  se
 basará en una Asamblea Legislativa,  elegida  por  sufragio  universal,  con
 arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además,  la
 representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de  Gobierno
 con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido  por  la
 Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al  que  corresponde
 la dirección del Consejo  de  Gobierno,  la  suprema  representación  de  la
 respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El  Presidente  y
 los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente  responsables  ante
 la Asamblea.
  Un Tribunal Superior de Justicia,  sin  perjuicio  de  la  jurisdicción que
 corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización  judicial  en  el
 ámbito territorial de  la  Comunidad  Autónoma.  En  los  Estatutos  de  las
 Comunidades Autónomas podrán establecerse los  supuestos  y  las  formas  de
 participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales
 del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley  orgánica
 del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.
  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las  sucesivas instancias
 procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en  el
 mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el  órgano  competente
 en primera instancia.
  2. Una vez sancionados y promulgados los  respectivos  Estatutos, solamente
 podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos  establecidos  y
 con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
  3. Mediante la agrupación de municipios  limítrofes,  los  Estatutos podrán
 establecer circunscripciones territoriales propias,  que  gozarán  de  plena
 personalidad jurídica.

  Artículo 153. El control de la actividad de los órganos de  las Comunidades
 Autónomas se ejercerá:
  a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a  la  constitucionalidad de
 sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
  b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio
 de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.
  c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de  la administración
 autónoma y sus normas reglamentarias.
  d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

   Artículo  154.  Un  Delegado  nombrado   por   el   Gobierno   dirigirá la
 Administración del Estado en el territorio de la  Comunidad  Autónoma  y  la
 coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

  Artículo 155. 1. Si una Comunidad Autónoma  no  cumpliere  las obligaciones
 que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente
 gravemente al interés general de España, el Gobierno,  previo  requerimiento
 al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con
 la aprobación por mayoría absoluta del Senado,  podrá  adoptar  las  medidas
 necesarias  para  obligar  a  aquélla  al  cumplimiento  forzoso  de  dichas
 obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
  2. Para la ejecución de las medidas previstas en el  apartado  anterior, el
 Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las  Comunidades
 Autónomas.

  Artículo 156. 1. Las Comunidades Autónomas gozarán de  autonomía financiera
 para el desarrollo y  ejecución  de  sus  competencias  con  arreglo  a  los
 principios de coordinación con la Hacienda estatal y  de  solidaridad  entre
 todos los españoles.
  2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como  delegados  o colaboradores
 del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los  recursos
 tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

   Artículo  157.  1.  Los  recursos  de  las  Comunidades  Autónomas estarán
 constituidos por:
  a) Impuestos cedidos total o parcialmente  por  el  Estado,  recargos sobre
 impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
  b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
  c) Transferencias de un fondo  de  compensación  inter-territorial  y otras
 asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
  d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
  e) El producto de las operaciones de crédito.
  2. Las Comunidades Autónomas  no  podrán  en  ningún  caso  adoptar medidas
 tributarias sobre bienes situados fuera de  su  territorio  o  que  supongan
 obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.
  3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio  de  las competencias
 financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver
 los conflictos que pudieran surgir y las  posibles  formas  de  colaboración
 financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

   Artículo  158.  1.  En  los  Presupuestos   Generales   del   Estado podrá
 establecerse una asignación a  las  Comunidades  Autónomas  en  función  del
 volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y  de  la
 garantía de un nivel mínimo en  la  prestación  de  los  servicios  públicos
 fundamentales en todo el territorio español.
  2. Con el fin de corregir  desequilibrios  económicos  interterritoriales y
 hacer efectivo el principio de  solidaridad,  se  constituirá  un  Fondo  de
 Compensación con  destino  a  gastos  de  inversión,  cuyos  recursos  serán
 distribuidos por las Cortes Generales  entre  las  Comunidades  Autónomas  y
 provincias, en su caso.

  TITULO IX.-DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
  Artículo 159. 1. El  Tribunal  Constitucional  se  compone  de  12 miembros
 nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por  mayoría
 de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica
 mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General
 del Poder Judicial.
  2. Los miembros del Tribunal  Constitucional  deberán  ser  nombrados entre
 Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios  públicos  y
 Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más  de  quince
 años de ejercicio profesional.
  3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período
 de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
  4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con
 todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con
 el desempeño de  funciones  directivas  en  un  partido  político  o  en  un
 sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las
 carreras  judicial  y  fiscal,  y  con  cualquier  actividad  profesional  o
 mercantil.
   En  lo  demás,  los  miembros  del  Tribunal  Constitucional   tendrán las
 incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.
   5.  Los  miembros  del  Tribunal  Constitucional  serán   independientes e
 inamovibles en el ejercicio de su mandato.

  Artículo 160. El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre
 sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno  y  por  un
 período de tres años.

  Artículo 161. 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción  en  todo el
 territorio español y es competente para conocer:
   a)  Del  recurso  de  inconstitucionalidad  contra  leyes  y disposiciones
 normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de  una
 norma jurídica  con  rango  de  ley,  interpretada  por  la  jurisprudencia,
 afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no  perderán  el
 valor de cosa juzgada.
  b) Del recurso  de  amparo  por  violación  de  los  derechos  y libertades
 referidos en el artículo 53,2, de esta Constitución, en los casos  y  formas
 que la ley establezca.
  c) De los conflictos de  competencia  entre  el  Estado  y  las Comunidades
 Autónomas o de los de éstas entre sí.
  d) De las demás materias que  le  atribuyan  la  Constitución  o  las leyes
 orgánicas.
   2.  El  Gobierno  podrá  impugnar  ante  el  Tribunal   Constitucional las
 disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos  de  las  Comunidades
 Autónomas. La impugnación  producirá  la  suspensión  de  la  disposición  o
 resolución recurrida, pero el Tribunal, en su  caso,  deberá  ratificarla  o
 levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

  Artículo 162. 1. Están legitimados:
  a) Para interponer el recurso de  inconstitucionalidad,  el  Presidente del
 Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50  Senadores,  los  órganos
 colegiados ejecutivos de las  Comunidades  Autónomas  y,  en  su  caso,  las
 Asambleas de las mismas.
  b) Para interponer el recurso de amparo, toda  persona  natural  o jurídica
 que invoque un interés legítimo, así  como  el  Defensor  del  Pueblo  y  el
 Ministerio Fiscal.
  2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las  personas  y órganos
 legitimados.

  Artículo 163. Cuando un órgano judicial considere,  en  algún  proceso, que
 una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya  validez  dependa  el
 fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante  el
 Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos  que
 establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

  Artículo 164. 1. Las sentencias del Tribunal  Constitucional  se publicarán
 en el «Boletín Oficial del  Estado»  con  los  votos  particulares,  si  los
 hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día  siguiente  de  su
 publicación y no cabe recurso alguno  contra  ellas.  Las  que  declaren  la
 inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las
 que no se limiten a la estimación subjetiva de  un  derecho,  tienen  plenos
 efectos frente a todos.
  2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá  la  vigencia de
 la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

  Artículo 165. Una ley  orgánica  regulará  el  funcionamiento  del Tribunal
 Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el  mismo
 y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

  TITULO X.-DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
  Artículo 166. La iniciativa de reforma constitucional  se  ejercerá  en los
 términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

  Artículo 167.  1.  Los  proyectos  de  reforma  constitucional  deberán ser
 aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si  no
 hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación  de
 una  Comisión  de  composición  paritaria  de  Diputados  y  Senadores,  que
 presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
  2. De no lograrse la  aprobación  mediante  el  procedimiento  del apartado
 anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto  favorable  de  la
 mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de  dos  tercios  podrá
 aprobar la reforma.
  3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum
 para su ratificación cuando así lo soliciten,  dentro  de  los  quince  días
 siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros  de  cualquiera
 de las Cámaras.

  Artículo 168. 1. Cuando se propusiere la revisión total de  la Constitución
 o una parcial que afecta al Título preliminar, al Capítulo 2.º,  Sección  1ª
 del Título I o al Título II, se procederá a la aprobación del principio  por
 mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la  disolución  inmediata  de  la
 Cortes.
  2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio
 del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría  de  dos
 tercios de ambas Cámaras.
  3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum
 para su ratificación.

  Artículo 169. No podrá iniciarse la  reforma  constitucional  en  tiempo de
 guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

  Disposiciones adicionales.
  1.ª La  Constitución  ampara  y  respeta  los  derechos  históricos  de los
 territorios forales.
  La actualización general de dicho régimen foral se llevará  a  cabo,  en su
 caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

  2.ª La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo  12  de esta
 Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales
 en el ámbito del Derecho privado.

  3.ª La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario
 requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del  órgano
 provisional autonómico.

  4.ª En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de  una Audiencia
 Territorial, los Estatutos de  Autonomía  respectivos  podrán  mantener  las
 existentes,  distribuyendo  las  competencias  entre   ellas,   siempre   de
 conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial  y  dentro
 de la unidad e independencia de éste.

  Disposiciones transitorias.
  1.ª En los territorios dotados de un régimen provisional de  autonomía, sus
 órganos colegiados superiores, mediante  acuerdo  adoptado  por  la  mayoría
 absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el  apartado  2
 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o  a  los  órganos
 interinsulares correspondientes.

  2.ª Los territorios que en el pasado hubiesen  plebiscitado afirmativamente
 proyectos de estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse  esta
 Constitución, con regímenes  provisionales  de  autonomía,  podrán  proceder
 inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del  artículo  148,
 cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta,  sus  órganos  preautonómicos
 colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El  proyecto  de  Estatuto
 será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a
 convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

  3.ª La iniciativa del proceso autonómico  por  parte  de  las Corporaciones
 locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del  artículo  143,  se
 entiende diferida, con todos  sus  efectos,  hasta  la  celebración  de  las
 primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

  4.ª 1. En el caso de Navarra, y a efectos de  su  incorporación  al Consejo
 General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo
 que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa  corresponde
 al Organo Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de  los
 miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será  preciso,
 además, que la decisión del  Organo  Foral  competente  sea  ratificada  por
 referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría  de  los
 votos válidos emitidos.
  2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá  reproducir  la misma
 en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso,
 cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

  5.ª Las ciudades de Ceuta  y  Melilla  podrán  constituirse  en Comunidades
 Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante  acuerdo
 adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros  y  así  lo  autorizan  las
 Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el
 artículo 144.

  6.ª Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional  del  Congreso varios
 proyectos de estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y
 el plazo de dos meses a que se refiere el artículo  151  empezará  a  contar
 desde que la Comisión termine el estudio del proyecto  o  proyectos  de  que
 sucesivamente haya conocido.

  7.ª Los organismos provisionales autonómicos se  considerarán  disueltos en
 los siguientes casos:
  a) Una vez  constituidos  los  órganos  que  establezcan  los  Estatutos de
 autonomía aprobados conforme a esta Constitución.
  b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no  llegara a
 prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.
  c) Si el organismo no  hubiera  ejercido  el  derecho  que  le  reconoce la
 disposición transitoria 1.ª en el plazo de tres años.

  8.ª 1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras
 la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se
 señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin  que  en  ningún
 caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.
  2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la
 Constitución se considerará como supuesto constitucional en el  que  procede
 su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un
 período de treinta  días  para  la  aplicación  de  lo  dispuesto  en  dicho
 artículo.
  Durante este período, el actual Presidente del  Gobierno,  que  asumirá las
 funciones y competencias que para dicho  cargo  establece  la  Constitución,
 podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115  o  dar
 paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo
 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el  apartado  2
 del artículo 101.
  3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo  115, y
 si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos  68  y
 69,  serán  de  aplicación  en  las  elecciones  las  normas  vigentes   con
 anterioridad,  con  las  solas  excepciones  de  que  en  lo   referente   a
 inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente  lo  previsto
 en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del  artículo  70  de  la
 Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad  para  el
 voto y lo establecido en el artículo 69,3.

  9.ª A los tres años de la elección por  vez  primera  de  los  miembros del
 Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la  designación  de  un
 grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de  cesar
 y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros  de
 la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y  a  los
 dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder  Judicial.
 Del mismo modo se procederá transcurridos otros  tres  años  entre  los  dos
 grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a
 lo establecido en el número 3 del artículo 159.

  Disposición derogatoria.
  1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4  de enero,  para la Reforma Política,
 así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente
 mencionada  Ley,  la  de Principios  del Movimiento de 17 de mayo de 1958 el
 Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, el de Trabajo  de  9 de marzo
 de 1938, la Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942, la Ley de
 Sucesión en la Jefatura del  Estado  de  26  de julio de  1947,  todas ellas
 modificadas por la Ley Orgánica del Estado de  10  de enero de 1967 y en los
 mismos términos esta última y la de  Referéndum Nacional de 22 de octubre de
 1945.
  2. En tanto en  cuanto  pudiera  conservar  alguna  vigencia,  se considera
 definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839, en lo  que pudiera
 afectar a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
  En los mismos términos se considera definitivamente derogada la  Ley  de 21
 de julio de 1876.
   3.  Asimismo  quedan  derogadas  cuantas  disposiciones  se  opongan  a lo
 establecido en esta Constitución.

  Disposición final.
  Esta Constitución entrará en vigor el mismo día  de  la  publicación  de su
 texto oficial en el «Boletín Oficial del Estado». Se  publicará  también  en
 las demás lenguas de España.
  Por tanto,
  mando a todos los españoles,  particulares  y  autoridades,  que  guarden y
 hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado.

 * LEYES QUE DESARROLLAN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.

 Art.  6.-:■Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación  de  Partidos
            Políticos.
 Art.  7.-:■Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
 Art.  8.-:■Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, sobre Criterios Básicos de la
            Defensa Nacional y la Organización Militar, modificada por la Ley
            Orgánica 1/1984, de 5 de enero.
 Art. 13.-:■Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio,  sobre Decretos y  Libertades
            de los Extranjeros en España.
           ■Reformado por Reforma Constitucional de 27 de agosto de 1992.
 Art. 16.-:■Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
 Art. 17.-:■Ley Orgánica  4/1988,  de 25 de mayo,  de Reforma  de  la Ley  de
            Enjuiciamiento Criminal.
           ■Ley Orgánica  4/1981,  de  1  de  junio,  de  Estados de  Alarma,
            Excepción o Sitio.
           ■Ley  Orgánica  14/1983  que  modifica  la  Ley  de Enjuiciamiento
            Criminal.
           ■Ley Orgánica 6/1984, de "hábeas corpus".
 Art. 18.-:■Ley  Orgánica  1/1982,  de  5  de  mayo ,  de   Protección  Civil
            del Derecho al Honor,  a la Intimidad  Personal y Familiar y a la
            Propia Imagen,  modificada  por  Ley Orgánica  7/1984,  de  15 de
            octubre, de Tipificación Penal de Escuchas Telefónicas.
           ■Ley Orgánica 4/1981,  de  1  de  junio,  de  Estados  de  Alarma,
            Excepción o Sitio.
 Art. 19.-:■Ley Orgánica  4/1981 , de  1  de  junio  de  Estados  de  Alarma,
            Excepción o Sitio.
 Art. 20.-:■Ley Orgánica 4/1980, de 21 de mayo, de Reforma del Código Penal.
           ■Ley Orgánica  4/1981,  de  1  de  junio,  de  Estados  de Alarma,
            Excepción o Sitio.
           ■Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho
            al Honor, a la intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
           ■Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, Reguladora  del  Derecho  de
            Rectificación.
 Art. 21.-:■Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, de Derecho de Reunión.
 Art. 22.-:■Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Modificación  del  Código
            Penal.
 Art. 23.-:■Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
 Art. 24.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 Art. 25.-:■Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
 Art. 26.-:■Ley Orgánica  4/1980, de  10  de  enero,  de Estatuto  de Radio y
            Televisión.
 Art. 27.-:■Ley Orgánica 8/1985,  de  3 de  julio, Reguladora de Derecho a la
            Educación (LODE).
           ■Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
           ■Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
 Art. 28.-:■Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
 Art. 30.-:■Ley Orgánica 6/1980,  de  1 de  julio, de Criterios Básicos de la
            Defensa Nacional y Organización Militar.
 Art. 31.-:■Ley Orgánica  2/1985,  de  29  de abril,  de  Delitos  contra  la
            Hacienda Pública.
 Art. 43.-:■Ley Orgánica 3/1986, de  14  de  abril,  de Medidas Especiales en
            materia de Salud Pública.
 Art. 40.-:■Ley 31/1995, de 8 de noviembre, en materia de seguridad e higiene
            en el trabajo.
 Art. 53.-:■Ley Orgánica   2/1979,   de   3   de   octubre,    del   Tribunal
            Constitucional.
 Art. 54.-:■Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
 Art. 55.-:■Ley Orgánica  4/1988,  de  25  de  mayo,  de Reforma de la Ley de
            Enjuiciamiento Criminal.
 Art. 62.-:■Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio,  de  Criterios  Básicos de la
            Defensa Nacional y Organización Militar.
 Art. 68.-:■Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, modificada por  Ley Orgánica
            1/1987, de 2 de abril, de Régimen Electoral General.
 Art. 70.-:■Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, modificada por  Ley Orgánica
            1/1987, de 2 de abril, de Régimen Electoral General.
 Art. 71.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 Art. 76.-:■Ley Orgánica  5/1984,  de  24  de mayo, de Comparecencia ante las
            Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado.
 Art. 82.-:■Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
 Art. 87.-:■Ley Orgánica  3/1984,  de  28  de  marzo,  de  Regulación  de  la
            Iniciativa Legislativa Popular.
 Art. 92.-:■Ley Orgánica  2/1980,  de  18  de  enero,  de  Regulación  de las
            Distintas Modalidades de Referéndum.
 Art. 95.-:■Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
 Art.104.-:■Ley Org. 2/1986,de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 Art.106.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 Art.107.-:■Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo del Estado.
 Art.116.-:■Ley Orgánica 4/1981,  de  1  de  junio,  de  Estados  de  Alarma,
            Excepción o Sitio.
           ■Ley Orgánica 6/1980,  de  1  de julio, de Criterios Básicos de la
            Defensa Nacional y la Organización Militar.
 Art.117.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
           ■Ley Orgánica 6/1980,  de  1 de julio, de  Criterios Básicos de la
            Defensa Nacional y la Organización Militar.
           ■Ley Orgánica  4/1987,  de  15  de  julio,  de  la  Competencia  y
            Organización de la Jurisdicción Militar.
 Art.118.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 Art.119.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
           ■Ley 1/1996, de 10 de enero.
 Art.120.-:■Ley Orgánica 10/1980,  de 11 de noviembre, de Enjuiciamiento Oral
            de Delitos Dolosos, Menos Graves y Flagrantes.
 Art.121.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 Art.122.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 Art.123.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 Art.124.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 Art.126.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
           ■Ley Orgánica 2/1986, de 13  de  marzo ,  de Fuerzas y Cuerpos  de
            Seguridad.
 Art.127.-:■Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 Art.133.-:■Ley Orgánica  8/1980,  de  22  de  abril,  de  Delitos  contra la
            Hacienda Pública.
 Art.136.-:■Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
           ■Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero, de Incompatibilidades del
            Personal al Servicio del Tribunal Constitucional, Consejo
            General del Poder Judicial la Administración de Justicia,
            Tribunal de Cuentas y Consejo del Estado.
 Art.138.-:■Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
            Comunidades Autónomas.
 Art.140.-:■Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
 Art.144.-:■Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre,  de Modificación  de la
            Regulación del Referéndum.
           ■Ley Orgánica 5/1983, de 1 de marzo, de la Provincia de Segovia  y
            Aplicación del artículo 144 c de la Constitución.
 Art.149.-:■Ley Orgánica  2/1986,  de  13  de  marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
            Seguridad.
 Art.150.-:■Ley Orgánica. 8/1982, 9/1982, 10/1982, 11/1982 y 13/1982 de 10 de
            agosto,   de   Regulación  de  Estatutos  de  Autonomía   de  las
            Comunidades Autónomas.
 Art.151.-:■Ley Orgánica 2/1980, de 18 de  enero, Reguladora de las Distintas
            Modalidades de Referéndum.
 Art.152.-:■Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero,  Reguladora de las Distintas
            Modalidades de Referéndum.
 Art.153.-:■Ley Orgánica  2/1979,    de   3   de   octubre,    del   Tribunal
            Constitucional.
 Art.156.-:■Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,  de Financiación de las
            Comunidades Autónomas.
 Art.157.-:■Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,  de Financiación de las
            Comunidades Autónomas.
 Art.159.-:■Ley Orgánica  2/1979,    de   3   de   octubre,    del   Tribunal
            Constitucional.
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